Lo que oficialmente sabemos, no nos lo creemos; lo que creemos, más vale ni pensarlo. Dos años y medio después del mayor atentado de la historia de España, los ciudadanos tienen todas las razones del mundo para no fiarse de nadie. No hay español consciente que no albergue negrísimas sospechas. ¿Nos dejarán decir cuatro verdades?
Una: Ya nadie cree la versión del Gobierno. Desde el primer momento –demasiado temprano, ¿no?- el Gobierno ha insistido no sólo en una neta autoría islamista, sino, sobre todo, en una vinculación directa de los atentados con la guerra de Irak. Esa tesis, hoy, dos años y pico después, no se sostiene. La conexión Al Qaeda-guerra de Irak ha quedado completamente desacreditada. Primero, por la fecha de preparación de los atentados, muy anterior a la guerra. Después, por el perfil de los supuestos asesinos, insólito en esa red. Tercero, porque carecemos de pruebas fiables en ese sentido, dada la misteriosa inexistencia de análisis de los explosivos. Como el asunto no está claro, lo lógico es dudar. Y por la misma razón, parece poco lógico que el Gobierno no haya tenido nunca la menor duda.
Dos: El problema no es si ETA está detrás; el problema es que el Estado oculte pruebas. Nadie, en efecto, está en condiciones de afirmar que ETA tenga vinculación directa con aquellos crímenes (al menos, nadie fuera de la investigación). Pero el hecho es que a todos consta que el sumario del 11-M está plagado de pruebas falsas, reconstruidas o directamente ocultadas, y algunas de esas pruebas enmascaradas –ni siquiera pruebas, apenas tenues indicios fortuitos- señalan a ETA. Cuando alguien echa tierra encima de un objeto, es porque pretende que no se vea. Es así que el Gobierno –o un sector de él-, la policía –o un sector de ella- y los tribunales –o un sector de ellos- han echado tierra encima de varias pruebas del 11-M. Por consiguiente, nos obligan a pensar que esas fuerzas, encarnación del Estado, pretenden que algo no se vea en el 11-M. Lo que no pueden esperar, además, es que la opinión pública acepte semejante monstruosidad como algo natural. Al contrario, es la propia actitud del Estado la que está levantando sospechas.
Tres: La guerra mediática es síntoma de algo más gordo. Lo importante de la tensísima polémica en torno al 11-M no es que los medios de comunicación anden a la gresca; al contrario, eso es bastante habitual. Lo verdaderamente llamativo es que tras las posiciones de unos y otros se percibe con claridad una fenomenal apuesta de poder, y ya se sabe que esas apuestas vuelan muchos metros por encima de las cabeceras de los periódicos. La presión del poder establecido en torno a este asunto es tan intensa, tan vehemente es su persecución de cualquier duda o cualquier sospecha, que forzosamente hay que pensar en algún gato encerrado, o más bien, por las dimensiones, en un león. El gran misterio del 11-M ya no es quién mató a casi doscientas personas, sino por qué se persigue con tanta energía a quien se aleja un milímetro de la versión oficial. Este capítulo promete darnos grandes sorpresas en los próximos años. ¿O quizá meses?
Cuatro: Esto se ha convertido ya en un problema de Estado y todos nos estamos retratando. Tal y como se han puesto las cosas –sobre todo por las exigencias de la línea gubernamental-, está resultando imposible mantener la neutralidad. El Gobierno pide que comulguemos con ruedas de molino. Los hay con grandes tragaderas, pero los actos de fe conviene reservarlos para lo sobrenatural, no para el señor ministro del Interior. Aquí hay algo oculto que va engordando y engordando. Cualquier día explotará. Para entonces ya nos habremos retratado todos. Y en ese momento tendremos un problema que va a condicionar durante años la vida pública española. Una irresponsabilidad más en el balance de este Gobierno que padecemos.
Un artículo de José Javier Esparza publicado en el SEMANAL DIGITAL el viernes 6 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproduzco íntegramente su contenido
